Por Dardo Gasparré
La venganza de Nisman
El alegato del fiscal Luciani se ha convertido en una condena inapelable que Cristina Fernández creía que sólo le correspondía decidir a la historia y a lo que ella llama pueblo
El 18 de enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman fue hallado asesinado de un tiro en su casa. Al día siguiente debía presentar su alegato final para probar la traición a la patria en la que habría incurrido Cristina Fernández al promover y firmar el llamado tratado de cooperación con Irán, una burda patraña para exonerar a algunas autoridades iraníes de la búsqueda de Interpol y hacerlas desaparecer virtualmente de cualquier ac
usación formal del ataque artero, intolerable y sangriento a la mutual AMIA de argentina.
El kirchnerismo se apresuró a alegar el supuesto suicidio del fiscal, motivado aparentemente por la imposibilidad de poder presentar pruebas suficientes contra la expresidente, lo que implicaría el fracaso de su carrera. Algo de lo que supuestamente se habría percatado recién pocas horas antes de su frustrado alegato. Posteriormente los peritajes de Gendarmería Nacional transformaron el caso en asesinato liso y llano.
Como un tic morboso pero significativo, ayer se conoció un tuit del asesor principal de Cristina, Gregorio Dalbón, en el que se dirige al fiscal Luciani con los mismos términos que se usaran para descalificar la tarea del fiscal asesinado, y con el mismo remate: “esto significará el final de su carrera”.
En sus nueve días de alegato, el fiscal Luciani representó con su detallada y precisa acusación a buena parte de la ciudadanía, que hace rato ha condenado a la otrora primera mandataria, sobre todo a estar por las recientes encuestas, que indican que menos de la mitad de sus votantes piensa que no es culpable de las acusaciones que se le formulan, y eso a pesar del relato, del “roban pero hacen” y a todo el andamiaje del discurso construido en torno al lawfare, que atribuye, con la bendición papal, a la maldad de Mauricio Macri el haberla perseguido y desacreditado con un ataque judicial coordinado, en un sistema de justicia en el que la vasta mayoría de jueces ha sido designada por el peronismo. La señora Fernández no se dignó concurrir sino a la primera sesión de acusación y luego “decidió” – prerrogativa que no suelen tener los acusados – no participar del resto de las jornadas destinadas a la acusación, para terminar ayer con su sorpresivo pedido de ampliación de indagatoria, también “decidido” por ella, que, además de haber sido rechazado in limine por diversas consideraciones procesales, debería incluir una mandamiento de repaso obligatorio de derecho procesal para la acusada y sus asesores legales.
Eso no parece molestar demasiado a la demandada, que hasta el momento se ha dedicado a descalificar a sus jueces, sus fiscales, sus denunciantes, los testigos y la mismísima Corte Suprema, también de mayoría peronista, pero no ha desvirtuado seriamente la avalancha arrojada sobre ella y sus cómplices en las maniobras imputadas. Al contrario, se está amenazando a las autoridades judiciales, al periodismo y a la ciudadanía toda con terribles acciones y sanciones “si la tocan a Cristina”, seguramente una manifestación de la vocación democrática, no fascista ni totalitaria y dialoguista del peronismo. Que sigue clamando por la unidad en momentos de crisis nacional.
En esto, la defensa de Cristina Fernández no es distinta a la de muchos de sus colegas de la Patria Grande latinoamericana, que desde el lado institucional abogan desesperadamente para que la Justicia desaparezca como tercer poder, y pase a ser solamente un servicio de solución de diferendos, robo de gallinas y riñas, más o menos. Cualquier cosa, menos aceptar que se trata de un control sobre el poder legislativo y el ejecutivo, tanto en sus conductas como en el cumplimiento constitucional, mucho menos en su función de última instancia del Derecho Administrativo, que defiende al ciudadano de los abusos del Estado. Basta analizar el engendro constitucional chileno para entender el punto. Es que en la óptica de los bolivarianos y de los fieles de la iglesia de Puebla, efectivamente la Justicia es un incordio, una molestia, tanto cuando controla los abusos de los políticos (inclusive el robo y saqueo o confiscación), como cuando defiende al ciudadano. Por eso muchos libertadores e igualitarios modernos sostienen como Cristina que sólo la historia o el pueblo puede juzgarlos. El mismo pueblo al que se ocupan de embrutecer al negarle educación, aunque juren lo contrario. Aun Uruguay, que se precia de ultrademocrático, sea lo que eso quiera decir, escabulle los delitos de los gobernantes y políticos del área de la justicia, que son juzgados al estilo edad media “por sus pares”, o sea la historia, o sea el pueblo, con los resultados conocidos, o que se prefiere no conocer.
Ayer Graciela Fernández Meijide, la universalmente respetada dirigente, miembro de la impoluta comisión del Nunca Más, que no puede ser calificada - o descalificada- como macrista, ni como neoliberal, recordó que el Fiscal Strassera, que logró la condena de las Juntas Militares, había creado leyes y prácticas judiciales que hacían imposible la idea de un golpe militar, pese a que algunos sectores expresaron su desacuerdo. “Lo mismo hay que hacer con la corrupción” – dijo al analizar este juicio de hoy que Cristina descalifica alegremente.
En cada uno de los 9 días de alegato, culminados ayer poco antes de las 6 de la tarde, la historia y la mayoría popular han juzgado a la señora Fernández. Ni siquiera tiene importancia el pedido de condena a la imputada Fernández a 12 años de cárcel. Ni la inhabilitación para ocupar cualquier cargo de ella y los otros 173 imputados. Ni el pedido de decomiso de todos los bienes robados. Ni el olvido-indulto a Máximo Kirchner. Tiene más importancia lo dicho por el fiscal Luciani sobre el daño que hace la corrupción generalizada y naturalizada a los sectores más necesitados: “por eso todo funcionario de cualquier poder debe rendir cuenta de sus actos ante la justicia”.
Sin embargo, la expresidente no será nunca juzgada por sus peores delitos: haber coimeado a sus seguidores y votantes con el populismo rampante, culminando por una simple emisión de papel para pagar dádivas insostenibles e inmerecidas, destrozando el prestigio del país y la honestidad, la identidad y la idiosincrasia colectivas. Haber destrozado las mentes de los niños al deseducarlos, aleccionarlos, adoctrinarlos deliberada y cruelmente. Haber destrozado todo futuro al ahuyentar el trabajo y naturalizar la dependencia del estado como único recurso, haciendo además imposible escapar de la trampa populista. Haber regalado o forzado el regalo de empresas públicas y privadas a sus testaferros con cualquier formato, apoderándose de ellas y compartiendo tanto en el pasado como en el futuro las ganancias que generosamente les regala el Estado bajo su control. Incluyendo los juicios perdidos deliberadamente. Haber horadado la confianza pública en el sistema al capitanear la mafia política, en cualquiera de sus formas, haber devaluado algo más que la moneda: la confianza de cada uno en sí mismo, la dignidad, la vergüenza, el esfuerzo, la decencia y la ética. Por haber entronizado a la mafia narco y la corrupción absoluta y por haber pactado con ellas, azote de las clases más bajas y desprotegidas a quien vendió al mejor postor. Por haber sacrificado los intereses del país en casos de acuerdos con potencias internacionales, y haber cedido interesadamente la soberanía de una parte de su territorio al terrorismo seudo mapuche y seudo originario. Y, sobre todo, haber devaluado la palabra, el honor, la patria, la esperanza, por lírico que esto parezca a esta altura del cinismo. Como cargo adicional, el haber tajeado una grieta que dividirá a los argentinos muchos años y el haber pauperizado a la ciudadanía mucho más allá de lo que cualquier circunstancia interna o externa lo habría hecho, camino directo a la servidumbre.
Como una treta del destino, la imputación denigrante de traición a la patria que no pudo materializar Nisman, ha renacido con los alegatos de Luciani. Las acusaciones formuladas por este fiscal tienen, además de otras caracterizaciones, la fulminante calificación de traición a la Patria, en la Constitución de 1994 en cuya redacción participó la ahora imputada.
-La regla es el estado de derecho. ¡No la corrupción! – Bramó Luciani. Luego hizo un alegato emocionante y contundente, defendiendo el republicanismo y la transparencia de la división y el equilibrio de los tres poderes y desnudando crudamente la corrupción generalizada. “La corrupción no tiene fronteras ideológicas” “Es un privilegio que afecta a los derechos humanos de los más pobres y al estado de derecho en su totalidad”. “Es corrupción o justicia”. Le hizo coro toda la Argentina decente. Nisman no murió en vano. La historia ha emitido su fallo.
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